FRAUDE FISCAL – Ley 7/2012

31 octubre, 2012
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Intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude fiscal Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.

Tras su publicación en el BOE nº 261 el pasado 30 de octubre de 2012, hoy -31 de octubre- entra en vigor la normativa reguladora de la prevención y lucha contra el fraude fiscal, que viene a establecer:

1. El endurecimiento de las sanciones por resistencia y obstrucción a la labor inspectora tributaria, oscilando las multas entre 1.000 y 600.000 euros.

2. La limitación de uso de dinero en efectivo (a partir del 19 de noviembre) a operaciones iguales o superiores a 2.500 euros cuando en ellas intervenga al menos una empresa o autónomo. La limitación no será aplicable a las operaciones realizadas con entidades de crédito.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a una sanción del 25% del importe de la operación realizada en efectivo, donde responderán solidariamente de la infracción cometida tanto el pagador como el receptor, salvo que uno de los dos identifique voluntariamente al otro ante la Agencia Tributaria dentro de los tres meses siguientes al pago.

3. El establecimiento de la obligación de informar a Hacienda de los bienes que se posean en el extranjero.

El incumplimiento de esta obligación determinará una sanción que oscilará entre una cuantía mínima de 10.000 euros a los contribuyentes que eviten informar sobre sus cuentas, carteras de valores e inmuebles, estableciendo una multa adicional de 5.000 euros por cada dato omitido.

4. La supresión del régimen de módulos para determinados profesionales, entre los que se encuentran las actividades de albañilería, fontanería, carpintería y el transporte de mercancías por carretera.

Más concretamente, se fija la exclusión del régimen de módulos para aquellos que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares (para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año).

En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, la exclusión operará con ingresos superiores a 300.000 euros.

También quedarán excluidos aquellos que obtengan rendimientos procedentes de otros empresarios o profesionales por importe superior a 225.000 euros.

5. Se elimina la posibilidad de aplazamientos de créditos en las situaciones de concurso.

En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por IVA con anterioridad a dicha declaración no podrá ejercitarse en liquidaciones posteriores. Por lo tanto habrá obligación de presentar dos declaraciones-liquidaciones, una por los hechos imponibles anteriores a la declaración de concurso y otra por los posteriores.

6. Se establece la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculadas a ciertas operaciones inmobiliarias.

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